Talcanza todas las cuestiones de usuarios y consumidores en conflicto con empresas y proveedores previstas en la normativa de fondo nacional y local sobre el derecho o la defensa del consumidor. También las cuestiones ejecutivas relativas a servicios públicos jurisdiccionales. Entiende, por ejemplo, en problemas con prepagas, servicios de telefonía celular o servicios turísticos. Esta competencia se enmarca en el ahora fuero Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo. Y se rige por un moderno Código Procesal aprobado por la Legislatura porteña en marzo de 2021. Ese Código ordenó la apertura de una oficina de gestión judicial para entender en los conflictos que afectan a usuarios y consumidores. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad capacitó personal y se lo asignó a esa dependencia, a través de la cual ingresan las causas de relaciones de consumo, que por ahora son derivadas a seis juzgados que también tramitan otro tipo de causas. Mientras tanto, se avanza en la creación de tres nuevos juzgados de primera instancia que tendrán competencia específica y exclusiva en consumo. Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal porteño también creará fiscalías especializadas en el tema. Los procesos son gratuitos cuando el actor es el consumidor, quien no deberá abonar gastos ni costas. Si el monto del reclamo es inferior a $ 90 mil, el damnificado podrá presentarlo directamente. Si es superior a esa cifra, deberá realizarlo a través de un abogado.